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1 En 1951 el profesor norteamericano Harold Lasswell escribió un artículo que hoy se considera fundador en el análisis de las políticas públicas. En “La orientación hacia las políticas”, el autor plantea una preocupación fundamental: cómo actuar en tiempos de paz, con la misma disciplina, la misma conciencia y el mismo rigor técnico que se despliegan en tiempos de guerra. De esta manera, la propuesta planteada es la construcción de las llamadas ciencias de política, cuyo objetivo principal es aumentar la racionalidad de las decisiones públicas, interesándose en el “proceso de política”, pero también en “las necesidades de inteligencia en ese proceso”. Véase Harold Lasswell, “La orientación hacia las políticas” y “La concepción emergente de las ciencias de las políticas”, en Luis Aguilar, El estudio de las políticas públicas, México, Porrúa, 1992, p. 80.

2 Las diversas aproximaciones para el estudio de políticas públicas son desarrolladas en David Weimer y Adan Vining, Policy analysis: Concepts and practice, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992. Pero también puede verse el artículo de David Garson, en donde se señala muy bien la pugna entre los dos principales acercamientos teóricos en el análisis de políticas. De acuerdo con el autor, “los intentos de desarrollar de manera interdisciplinaria las ciencias de política a partir de la premisa de la supuesta fuerza unificadora de un núcleo metodológico común —planteado por Lasswell— han conducido más bien a la fragmentación, que a la integración de una nueva disciplina aplicada”. Por esta razón, la “revisión del debate teórico actual muestra el conflicto entre análisis de sistemas y política, métodos cuantitativos y análisis de caso, planificadores e incrementalistas, analistas y ‘bomberos’ (muddlers). Este debate, desde el punto de vista institucional, se ha estereotipado como la ‘escuela Harvard de los trituradores de números’ contra la ‘escuela Berkeley de los politiqueros’”. Véase David Garson, “De la ciencia de políticas al análisis de políticas: Veinticinco años de progreso”, en Luis Aguilar, op. cit., pp. 149-150.

3 De acuerdo con Ives Meny y Jean Claude Thoenig, “Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. Y continúa, “Desde el punto de vista del análisis, una política se presenta bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores públicos. En un momento dado, en un contexto dado, una autoridad adopta prácticas de determinado género, actúa o no actúa. Estas prácticas se pueden señalar concretamente: formas de intervención, reglamentación, provisión de prestaciones, represión, etc.” Vista así, una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico. Y tiene las siguientes características: un contenido, un programa, una orientación normativa, un factor de coerción, y una competencia social. Véase Ives Meny y Jean Claude Thoenig, Las políticas públicas, Barcelona, Ariel, 1992, pp. 89-90.

4 El análisis de la ética analítica ha sido desarrollado por Adela Cortina, “La ética discursiva”, en Victoria Camps, La historia de la ética, t. 3, Barcelona, Crítica, 1999; Ética sin moral, Madrid, Alianza, 2003; Victoria Camps, Virtudes públicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1990; La imaginación ética, Madrid, Ariel, 1991; Ernst Tugendhat, Lecciones de ética, Barcelona, Gedisa, 1997, y Bernard Crick, En defensa de la política, Barcelona, Tusquets, 2001, entre otros. En este sentido, para Victoria Camps la ética está en contra de la “razón unitaria que pretende juzgar y valorar desde un punto de vista superior, imparcial o desinteresado. Los ideales motivan ciertamente la conducta, pero si se convierten en ídolos generan dogmas y esclavitudes. Desconocer la razón última significa aceptar la finitud de la empresa humana, cuyos proyectos […] quedan siempre a considerable distancia del bien. Por eso, no creo que la ética pueda renunciar a su instalación en un conocimiento imaginativo: que quiere decir ‘dialogante’, ‘revisable’, ‘precario’”. Victoria Camps, La imaginación ética, op. cit., p. 28.

5 Véase Mauricio Merino, “Los desafíos de una nueva ética pública”, en Mauricio Merino (ed.), Los desafíos del servicio profesional de carrera en México, México, CIDE-Secretaría de la Función Pública, 2006.

6 Sobre este particular remito a Robert Dahl, La poliarquía: Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989.

7 Este análisis se presenta en Mauricio Merino, “Reflexiones sobre la ética pública en México”, Nexos, núm. 333, México, septiembre de 2005.

8 Estas concepciones de ética son desarrolladas por Victoria Camps, Virtudes públicas… op. cit., y por Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, México, Grijalbo, 2003.

9 De acuerdo con Max Weber, “[…] toda acción éticamente orientada puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la ‘ética de la convicción’ o conforme a la ‘ética de la responsabilidad’ […] Cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a la ética de la convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que lo hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en cuenta los defectos del hombre medio […] no se siente en situación de poder descargar sobre otros aquellas consecuencias de su acción que él pudo prever. Se dirá siempre que esas consecuencias son imputables a su acción”. Max Weber, El político y el científico, México, Alianza Editorial, 1997, p. 164.

10 Véase Jürgen Habermas, Escritos sobre moralidad y eticidad, Barcelona, Paidós, 1991; Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos, México, Red Editorial Iberoamericana, 1993, y Jacques Derrida, La deconstrucción en las fronteras de la filosofía: La retirada de la metáfora, Barcelona, Paidós, 1989, y del mismo autor, Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 2003.

11 Véase Herbert Simon, Administrative behavior: A study of decision-making process in administrative organizations, Nueva York, Free Press, 1997, y Naturaleza y límites de la razón humana, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

12 Este análisis se presenta en David Weimer y Aidan Vining, op. cit. De acuerdo con los autores, aquel modelo ideal competitivo, capaz de producir una asignación eficiente en el sentido de Pareto, presenta fallas. Los mercados dejados libremente no producen una competencia perfecta, por el contrario, la economía real rara vez corresponde con este modelo ideal, pues se presentan las siguientes fallas: bienes públicos, externalidades, monopolio natural, e información incompleta y asimétrica, pp. 71-112.

13 Esta visión del Estado se desarrolla en Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 1977, y en Herman Heller, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. De acuerdo con Manuel García Pelayo, el valor y el fin del Estado social es la “procura existencial”. Ésta significa: “crear las condiciones para el adecuado despliegue de las potencialidades de la personalidad a través de la iniciativa y la capacidad creadora y competitiva en las que se patentiza la autodeterminación del hombre: una mera actividad de ayuda económica que tuviera como resultado el enervamiento o la obstaculización del despliegue de la personalidad, que la alineara a una procura extraña. Que hiciera depender la seguridad de una voluntad ajena sería una degeneración de la procura existencial”, p. 28.

14 Este planteamiento es desarrollado en Mancur Olson, Power and prosperity: Outgrowing communist and capitalist dictatorship, Nueva York, Basic Books, 2000, y The logic of collective action: Public goods and the theory of groups, Cambridge, Harvard University, 1965.

15 El análisis de la “gobernanza” es desarrollado con amplitud por Luis Aguilar, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2006; pero también en Enrique Cabrero, Acción pública y desarrollo local, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

16 Sobre este análisis remito al texto clásico de Jon Elster, Tuercas y tornillos: Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, Barcelona, Gedisa, 2003.

17 Me refiero al análisis de John Rawls, en Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995; y en Liberalismo político, México, Fondo de Cultura Económica, 1995; pero también me refiero a Luigi Ferrajoli, en El garantismo y la filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, y en Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2000.

18 Sobre este particular, me refiero a Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza, 1995. El autor señala bien: “En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia) proporcionan un gran objetivo —nunca, sin embargo, plenamente realizado— para la actividad legisladora”, pp. 66-70.

19 Véase Jürgen Habermas, op. cit.; Alasdair MacIntyre, Whose justice?, Which rationality?, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1988; del mismo autor, Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987, y Ronald Dworkin, Democracia deliberativa y derechos humanos, Barcelona, Gedisa, 2004; Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 2002, y Sovereign virtue, Cambridge, Harvard University Press, 2000.

20 Véase Jon Elster, op. cit., y del mismo autor, Alquimias de la mente: la racionalidad y las emociones, Barcelona, Paidós, 2002.

21 Véase Thomas Hobbes, El leviatán (Parte I. Del hombre), México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

22 Véanse Gilles Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Anagrama, 2007; El crepúsculo del deber: La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Barcelona, Anagrama, 2002; El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas, Barcelona, Anagrama, 1990, y Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal: Preludio de una filosofía del futuro, Madrid, Alianza, 2003.

23 Me refiero a Adam Smith, Teoría de los sentimientos morales, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

24 David Hume, Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 1998.

25 Nuevamente remito a Herbert Simon, Administrative behavior…, op. cit., y Naturaleza y límites…, op. cit.

26 Daniel Kahneman y Amos Tversky, Choices, values, and frames, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

27 Me refiero a la definición que da Amartya Sen, en Development as freedom, Nueva York, Knopf, 1999.

28 Véase John Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., y del mismo autor, Liberalismo político, op. cit.

29 Este modelo burocrático fue desarrollado por Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.

30 En el sentido de Francisco Longo, en Mérito y flexibilidad: La gestión de las personas en las organizaciones del sector público, Barcelona, Paidós, 2004.

31 Véase Ives Meny y Jean-Claude Thoenig, op. cit., y Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, México, Fondo de Cultura Económica-Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1997. En este sentido, Majone señala que: “El analista de políticas es un productor de argumentos de las políticas, más semejante a un abogado […] que a un ingeniero o un científico. Sus capacidades básicas no son algorítmicas, sino argumentativas: para examinar con espíritu crítico los supuestos, para producir y evaluar pruebas, para conservar muchos hilos en la mano, para buscar un argumento en muchas fuentes dispares, para comunicarse efectivamente. El analista reconoce que se requieren juicios de valor para decir algo importante en materia de política, juicios que deben ser explicados y justificados, y está dispuesto a aplicar sus capacidades en cualquier tema de interés para la discusión pública”, p. 57.

32 Véase Eugene Bardach, Implementation game: What happens after a bill becomes a law, Cambridge, MIT Press, 1977.

33 De acuerdo con Luis Aguilar, “[…] crear problemas significa propiamente “crear soluciones concebibles que propicien que los ciudadanos aprendan qué es lo que deberían querer de conformidad con lo que cuentan para poder realizarlo”. La razón de ser del análisis de políticas es construir una definición del problema y, por ende, la política correspondiente que indique a la comunidad política lo que realmente pueden querer y desear porque es lo que razonablemente pueden alcanzar”. Véase “Estudio introductorio”, en La hechura de las políticas, México, Porrúa, 1992, p. 72.

34 El análisis de la agenda pública que aquí se retoma es el desarrollado por John Kingdon, Agendas, alternatives, and public policies, Nueva York, Harper Collins Publishers, 1984.

35 El espacio público ha sido analizado por Hanna Arendt, en Tiempos presentes, Barcelona, Gedisa, 2002; en El resplandor de lo público, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1994, y en La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993; pero también hay aportaciones importantes en Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común, México, UNAM, 2005.

36 De acuerdo con Max Weber, “la sociología construye conceptos-tipo […] y se afana por encontrar reglas generales del acaecer […] Como en toda ciencia generalizadora, es condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos frente a la realidad concreta de lo histórico. Lo que puede ofrecer como contrapartida es la univocidad acrecentada de sus conceptos. Esta acrecentada univocidad se alcanza en virtud de la posibilidad de un óptimo en la adecuación de sentido, tal como es perseguido por la conceptuación sociológica”. A su vez, señala Weber, esa adecuación puede alcanzarse mediante conceptos racionales como irracionales, pero en todos los casos “se distancia de la realidad, sirviendo para el conocimiento de ésta en la medida que, mediante la indicación del grado de aproximación de un fenómeno a uno o varios de esos conceptos, quedan tales fenómenos ordenados conceptualmente”. Véase en Economía y sociedad, traducido por el Fondo de Cultura Económica, México, 1944, de la edición alemana de 1922, pp. 16-17.

37 Véase nuevamente el concepto de “racionalidad limitada”, desarrollado por Herbert Simon, Administrative behavior…, op. cit., y del mismo autor, Naturaleza y límites…, op. cit.

38 De acuerdo con James March y Johan Olsen “[…] Las rutinas institucionales se siguen, aunque obviamente no en el estrecho interés personal de quien tiene la responsabilidad de cumplimentarlas. Incluso en situaciones extremas, como de guerra o en los campos de concentración, los individuos parecen actuar con base en las reglas que consideran apropiadas, más que en el cálculo racional de las consecuencias […] La conformidad con las reglas puede verse como un acuerdo contractual e implícito para actuar adecuadamente, a cambio de ser tratado de manera apropiada”. Véase El redescubrimiento de las instituciones: La base organizativa de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 68.

39 Véanse Jon Elster, Tuercas y tornillos…, op. cit. y Alquimias de la mente…, op. cit., y Michael Walzer, Las esferas de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

40 La implementación de las políticas públicas ha sido analizada por Giandomenico Majone, op. cit., Eugene Bardach, op. cit., y Aaron Wildavsky y Jeffrey Pressman, Implementación, cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, México, Fondo de Cultura Económica-Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1998, entre otros.

41 Sobre este particular pueden verse los estudios de David Arellano, Enrique Cabrero y Arturo del Castillo, Reformando al gobierno: Una visión organizacional del cambio gubernamental, México, Porrúa-CIDE, 2000; David Arellano, Análisis organizacional: Una perspectiva desde la estrategia, DTAP núm. 26, México, CIDE, 1994; David Arellano y Enrique Cabrero, Éxito e innovación: Una perspectiva desde la teoría de la organización, DTAP núm. 4, México, CIDE, 1992.

42 Giandomenico Majone, op. cit., pp. 195-196.

43 De acuerdo con Imre Lakatos, las revoluciones científicas no funcionaban como lo planteaba Thomas Kuhn. En términos generales, menciona que no es a través de paradigmas como el conocimiento evoluciona, sino a través de la confrontación entre comunidades científicas con programas de investigación sujetos a prueba y error, los cuales contienen las siguientes características: primero, tienen un núcleo duro, entendiendo por éste al conjunto de teorías que se presentan de forma instrumental; segundo, contienen una periferia; es decir, aquellos proyectos de investigación que se construyen a partir del núcleo duro y que, a su vez, son proyectos en busca de evidencia empírica. Véanse Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes, Nueva York, Cambridge University Press, 1978, y del mismo autor, For and against the method: Including Lakato’s lectures on scientific method and the Lakatos feyerabend correspondence, Chicago, University of Chicago Press, 1999.

44 Me refiero a Eugene Bardach, op. cit. De acuerdo con el autor, pueden llegar a identificarse hasta dieciséis diferentes “juegos” en la implementación de una política pública. Cuatro de ellos relativos al riesgo de desvío de fondos presupuestales, a los que llama easy money, budget game, easy life y pork barrel. Otros tres juegos se vinculan con la desviación de fines y los denomina piling on, up of grabs y keeping the peace. Otros cuatro juegos están vinculados con los problemas del control administrativo: el llamado tokenism, el masive resistance, el social entropy y el management game. Finalmente, otros cinco juegos constituyen una amenaza para la necesaria concentración de la energía que reclama una política pública: tenacity, territory, not our problem, odd man out y reputation.

45 Este análisis es presentado por David Arellano en “Los desafíos de una gestión pública meritocrática”, en Mauricio Merino (ed.), op. cit., 2006.

46 Véanse Amy Gutmann y Dennis Thompson, Ethics and politics: Cases and comments, Chicago, Nelson Hall Publishers, 1989, y de este último autor, Political ethics and public office, Cambridge, Harvard University Press, 1987.

47 Esta idea es desarrollada por Aaron Wildavsky y Jeffrey Pressman, op. cit.

48 Véanse Charles Lindblom, “La ciencia de salir del paso”, en Luis Aguilar, La hechura…, op. cit.; Michel Crozier, El fenómeno burocrático: Ensayo sobre las tendencias burocráticas de los sistemas de organización modernos y sus relaciones con el sistema social y cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 1974; El actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva, México, Alianza, 1977; y Luis Aguilar, Gobernanza…, op. cit.

49 Me refiero a los estudios de Joseph Stiglitz, On liberty, the right to know and public discourse: The role of transparency in public life, Oxford, Oxford Amnesty Lecture, 2003, e Information and the change in the paradigm in economics, Prize lecture, Nueva York, Columbia Business School, diciembre de 2001.

50 Véanse Guillermo O’Donnell, Horizontal accountability and new polyarchies, Notre Dame, University of Notre Dame, 1998, y Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas?, México, IFAI, 2004 (Cuadernos de Transparencia, 3).

51 En especial los presentados por Sergio López-Ayllón, Democracia y acceso a la información, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005; Democracia, transparencia y Constitución: Propuestas para un debate necesario, México, IFAI-UNAM, 2006; David Arellano y Sergio López Ayllón, Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, México, CIDE-IFAI, 2006, y Mauricio Merino, “Muchas políticas y un solo derecho”, en Sergio López-Ayllón, Democracia, transparencia y Constitución…, op. cit., y “La transparencia como política pública” (en proceso de publicación en un libro editado por John Ackerman, UNAM).

52 Véase Norbert Elias, El proceso de la civilización: Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

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1 T. Christensen y P. Lægreid, Organization theory and the public sector, Londres, Routledge, 1997, p. 6.

2 P. Selznick, TVA and the grassroots, Berkeley, University of California Press, 1953; J. May y A. Wildavsky, The policy cycle, Beverly Hills, Sage, 1978; F. Anechiarico y J. Jacobs, The pursuit of absolute integrity, Chicago, University of Chicago, 1996; C. Pollit et al., Decentralizing public service management, Hong Kong, MacMillan, 1998.

3 Visión clásica de las organizaciones sostenida por importantes economistas, incluso, véase K. Arrow, The limits of organization, Nueva York, Norton & Company, 1974.

4 Lo anterior entendido desde Simon y March, véase H. Simon, El comportamiento administrativo, Barcelona, Aguilar, 1947; R. Cyert y J. March, A behavioral theory of the firm, Nueva York, Blackwell, 1992.

5 W. Niskanen, Bureaucracy and representative government, Nueva York, Aldine Transaction, 1973; V. Ostrom, Intellectual crisis in American public administration, Tuscaloosa, University of Alabama, 1973; M. Barzelay, Breaking through bureaucracy, Berkeley, University of California, 1992; T. Moe, “The politics of structural choice: Toward a theory of public bureaucracies”, en O. Williamson, Organization theory, Nueva York, Oxford University Press, 1990; M. Olson, La lógica de la acción colectiva, México, Limusa-Noriega, 1992.

6 D. North, Understanding the process of economic change, Princeton, Princeton University Press, 2005; Moe, op. cit.; C. Hood, The art of the state, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

7 Niskanen, op. cit.

8 J. Stiglitz, “The contribution of the economics of information to the twentieth century economics”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, núm. 4, 2000, pp. 1441-1478.

9 M. Crozier y E. Friedberg, El actor y el sistema, México, Alianza, 1979.

10 M. Douglas, How institutions think, Syracuse, Syracuse University Press, 1986.

11 T. Jorgensen et al., “Public organizations, multiple constituencies, and governance”, Public Administration, vol. 76, 1998, p. 501.

12 E. Mayo, The social problems of an industrial civilization, Londres, Routledge, 2007.

13 S. Clegg et al., Power and organizations, Londres, Sage, 2006, p. 40.

14 E. Ostrom, “Toward a behavioral theory: Linking trust, reciprocity, and reputation”, en E. Ostrom y J. Walker, Trust and reciprocity, Nueva York, Sage, 2003, p. 51.

15 Luhmann establecía que organizacionalmente el papel es convertir la incertidumbre en riesgo. N. Luhmann, Organización y decisión, México, Anthropos Ibero, 1997, p. 46.

16 Selznick, op. cit.

17 H. Simon, Reason in human affairs, Stanford, Stanford University Press, 1983, p. 5; N. Brunsson, The irrational organization, Nueva York, John Wiley & Sons, 1985, p. 26.

18 C. Lindblom, Inquiry and change, New Haven, Yale University Press, 1990, p. 61; L. de Haven, Philosophical critiques of policy analysis, Gainesville, University of Florida Press, 1988, p. 121; H. Miller, Postmodern public policy, Nueva York, State University of Nueva York Press, 2002, p. xi.

19 N. Brunsson, The irrational organization, Nueva York, John Wiley & Sons, 1985.

20 Ibid., p. 48.

21 L. F. Aguilar, Gobernanza y gestión pública, México, FCE, 2006, pp. 25-28.

22 D. Arellano, Gestión estratégica para el sector público, México, FCE, 2004.

23 F. Anechiarico y J. Jacobs, op. cit.; C. Mackenzie, Scandal proof: Do ethic laws make government ethical? Washington, Brooking Institution Press, 2002; R. Roberts, White House ethics, Nueva York, Greenwood Press, 1988.

24 H. Tsoukas, “The tyranny of light: The temptations and paradoxes of the information society”, Futures, 1997, pp. 827-843.

25 M. Strathern, “The tyranny of transparency”, British Educational Research Journal, vol. 26, núm. 3, 2000, pp. 308-321.

26 M. Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1974.

27 M. Crozier, The bureaucratic phenomenon, Chicago, University of Chicago Press, 1964.

28 H. Simon, op. cit.

29 Jon Elster, Sour grapes: Studies in the subversion of rationality, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

30 Jon Elster, Ulysses and the sirens: Studies in rationality and irrationality, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

31 K. Weick, Making sense of the organization, Oxford, Blackwell, 2001.

32 A. Fung et al., Full disclosure: The perils and promise of transparency, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. xiv.

33 A. Wildavsky, Speaking truth to power, New Brunswick, Transaction, 1992.

34 J. Olsen, “Maybe it is time to rediscover bureaucracy”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 16, núm. 1, enero de 2006.

35 Weber, op. cit.

36 Weick, op. cit.

37 Cyert y March, op. cit.

38 T. Jorgensen et al., art. cit., p. 506.

39 K. Whittington, Corporate strategies in recession and recovery, Londres, Unwin, 1989, p. 59.

40 M. Foucault, Seguridad, territorio, población, México, FCE, 2007, p. 142.

41 K. Weick, Making sense of the organization, Oxford, Blackwell, 2001, p. 9.

42 Véase S. Milgram, Obedience to authority: An experimental view, Londres, Pinter and Martin, 1974; A. Koestler, The ghost in the machine, Londres, Arkana, 1967; S. Clegg et al., op. cit.

43 A. Etzioni, The moral dimension: Toward a new economics, Nueva York, The Free Press, 1988.

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1 Esta posición está representada por M. Rein y Donald Schön, “Reframing policy discourse”, en F. Fischer y J. Forester (eds.), The argumentative turn in policy analysis and planning, Durham, Duke University Press, 1993; Lance DeHaven-Smith, Philosophical critiques of policy analysis: Lindblom, Habermas, and the great society, Gainesville, University of Florida Press, 1988; Jay D. White, Taking language seriously: The narrative foundations of public administration research, Washington, Georgetown University Press, 1999.

2 Martha Finnemore y Kathryn Sikkink, “Taking stock: The constructivist research program in international relations and comparative politics”, Annual Review of Political Science, vol. 4, 2001, p. 391.

3 Peter Berger y Thomas Luckmann, The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge, Garden City, Nueva York, Anchor Books, 1966.

4 A. Giddens, The constitution of society: Outline of the theory of structuration, Cambridge, Polity Press, 1984.

5 Audie Klotz y Cecelia Lynch, Strategies for research in constructivist international relations, Chicago, M. E. Sharpe, 2007, p. 8.

6 Esto, desde luego, se separa de la visión habermasiana de “situación comunicativa ideal”, en la que actores en condiciones de igualdad (reconocida por todos) establecen un diálogo basado exclusivamente en argumentos racionales (J. Habermas, The theory of communicative action, Londres, Beacon Press, 1981).

7 Frank Fischer, Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 55.

8 M. A. Hajer, The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy process, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 44, cit. en Bas Arts y Jan Van Tatenhove, “Policy and power: A conceptual framework between the ‘old’ and ‘new’ policy idioms”, Policy Science, núm. 37, 2004, p. 343.

9 M. A. Hajer y D. Laws, “Ordering through Discourse”, en M. Moran, M. Rein y R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 260.

10 Vivien Schmidt, The futures of European capitalism, Oxford, Oxford University Press, 2002; Vivien Schmidt y Claudio Radaelli, “Policy change and discourse in Europe: Conceptual and methodological issues”, West European Politics, vol. 27, núm. 2, 2004, pp. 183-210.

11 Fischer, op. cit.

12 Joseph W. Schneider, “Social problems theory: The constructionist view”, Annual Review of Sociology, vol. 11, 1985, p. 209.

13 Barbara Nelson, “La formación de una agenda: El caso del maltrato a los niños”, en Luis F. Aguilar (ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996, pp. 105-140.

14 Schneider, op. cit., pp. 216-217.

15 Mark Moore, “Anatomía del problema de la heroína: Un ejercicio de definición de problemas”, en Luis F. Aguilar (ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996, pp. 185-214; Eugene Bardach, “Problemas de la definición de problemas en el análisis de políticas”, en Luis F. Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 2003, pp. 219-233.

16 Anne Schneider y Helen Ingram, “Social construction of target populations: Implications for politics and policy”, American Political Science Review, vol. 87, núm. 2, 2003, pp. 334-347.

17 Ibidem, p. 334.

18 En México ésta es un área aún inexplorada: aunque hay grupos poblacionales que se reconocen como población objetivo de distintas políticas públicas (los indígenas, los pobres, las personas de la tercera edad, etc.) no hay estudios que analicen las estrategias discursivas —ya sean gubernamentales o de grupos sociales organizados— que llevaron a reconocer a dichos grupos como dignos de atención pública.

19 Este ejercicio de “categorización” puede entenderse a la luz de los estudios clásicos de Foucault, que ve la creación y la asignación de categorías como uno de los mecanismos básicos de ejercicio del poder. Hay, en este sentido, una literatura abundante sobre cómo los gobiernos generan (o adoptan) clasificaciones para definir a su población, ya sea basadas en género, identidad étnica, condición social, etcétera.

20 D. Walton, Plausible argument in everyday conversation, Nueva York, State University of Nueva York Press, 1992; Albert Jonsen y Stephen Toulmin, The abuse of casuistry: A history of moral reasoning, Berkeley, University of California Press, 1988.

21 William Dunn, Public policy analysis: An introduction, 2a. ed., Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1994.

22 Michael Barzelay, “How to argue about new public management”, International Public Management Journal, vol. 2, núm. 2, 2000, pp. 183-216.

23 Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, trad. E. Suárez, México, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública-Fondo de Cultura Económica, 1996; Mark Moore, “Social science and policy analysis: Some fundamental differences”, en D. Callahan y B. Jennings (eds.), Ethics, the social sciences, and policy analysis, Nueva York, Plenum, 1995, pp. 271-291.

24 Christopher Hood y Michael Jackson, Administrative argument, Aldershot, Dartmouth Publishing, 1991.

25 A. Huczyinski, Management gurus: What makes them and how to become one, Londres, Routledge, 1993.

26 Esta forma de generar argumentos, desde luego, no es exclusiva de las políticas públicas. En gestión pública (y privada), es común encontrar textos que corresponden al diagnóstico hecho por Micklethwait y Wooldridge: “La teoría gerencial […] tiene cuatro defectos: es incapaz de la autocrítica, su terminología no educa sino que confunde, pocas veces se eleva por encima del sentido común básico, y tiende a las modas y está plagada de contradicciones que serían inaceptables en disciplinas más rigurosas”. John Micklethwait y Adrian Wooldridge, The witch doctors: Making sense of the management gurus, Londres, Crown Business, 1996, p. 14, traducción propia.

27 Majone, op. cit., p. 35.

28 Dunn, op. cit., passim.

29 Véanse los libros ya citados de Walton, y Hood y Jackson.

30 Véase Schmidt, op. cit., passim.

31 Peter Hall, “Policy paradigms, social learning, and the state”, Comparative Politics, vol. 25, núm. 3, 1993, pp. 275-296.

32 Robert Henry Cox, “The social construction of an imperative”, World Politics, vol. 53, núm. 3, 2001, pp. 463-498.

33 Colin Hany y Ben Rosamon, “Globalization, European integration and the discursive construction of economic imperatives”, Journal of European Public Policy, vol. 9, núm. 2, 2002, p. 148.

34 Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky, Implementación: Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, trad. A. Guzmán, México, Fondo de Cultura Económica-Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1998.

35 Jill Nicholson-Crotty y Sean Nicholson-Crotty, “Social construction and policy implementation: Inmate health as a public health issue”, Social Science Quarterly, vol. 85, núm. 2, 2004, pp. 240-256.

36 Fischer, op. cit., p. 9.

37 Por ejemplo, en Estados Unidos la reforma al sistema de bienestar durante el gobierno de Bill Clinton llevó aparejado un cambio sustancial en los estándares de evaluación, derivado de un cambio en el discurso, que veía en la permanencia en el welfare un fracaso de la política social y, en cambio, medía el éxito en términos del número de beneficiarios que dejan de serlo, con consecuencias significativas tanto en la percepción del programa como en el comportamiento de los funcionarios encargados de él (Sanford Schram y Joe Soss, “Success stories: Welfare reform, policy discourse, and the politics of research”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, núm. 57, 2001, pp. 49-65).

38 George Lakoff, Moral politics: How liberals and conservatives think, Chicago, The University of Chicago Press, 2002.

39 Finnemore y Sikkink, op. cit.

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1 Jacob Viner en Gary S. Becker, The economic approach to human behavior, Chicago, The Chicago University Press, 1976.

2 El análisis de los economistas ha rebasado desde hace varias décadas los problemas surgidos en los intercambios realizados a través del sistema de precios. Véase Becker y Becker, The economics of life, Columbus, McGraw Hill, 1996, como ejemplo de cómo se puede utilizar el análisis económico en problemas que van más allá de los bienes materiales.

3 Becker, op. cit.

4 Ibidem.

5 Dicho sea de paso, la aplicación de estos supuestos también evita que el analista caiga en la tentación de postular cambios en las preferencias, actitudes o creencias para explicar todas las contradicciones de sus propias predicciones.

6 Steven E. Rhoads, “Economists and policy analysis”, Public Administration Review, vol. 38, núm. 2, 1978, pp. 112-120.

7 Muchas personas identifican al enfoque económico con la solución a preguntas macroeconómicas como los niveles de inflación, desempleo y crecimiento económico (ibidem). Esto es comprensible debido a que un sinfín de estadísticas sobre estos temas inundan día a día los medios de comunicación. Sin embargo, muchos consideran que la microeconomía es la más sólida de las dos ramas económicas, pues gran parte de la teoría que se ha desarrollado en la macroeconomía ha probado tener una utilidad cuestionable para efectos de desarrollo de políticas. Lo anterior debido a que los modelos macroeconómicos han sido construidos con base en el uso y la aplicación de herramientas matemáticas muy sofisticadas y abstractas, basados en la observación de correlaciones entre variables económicas, y no en la aceptación y uso de una serie de supuestos sobre el comportamiento social que impiden su aplicación en el contexto más amplio de las ciencias sociales (B. Wylie Anderson, “The fate of economics and the role of economists”, Social Science Journal, vol. 33, núm. 3, 1996, pp. 301-305). De hecho, uno de los retos de la macroeconomía es conciliar sus resultados con los modelos microeconómicos. En este sentido, se puede considerar que la macroeconomía es un área de investigación cuyos fundamentos microeconómicos siguen en desarrollo. Por ello, delimitar el análisis al área de la microeconomía facilitará cumplir con el propósito de este capítulo.

8 Boardman, et al., Cost-benefit analysis: Concepts and practice, 2a. ed., New Jersey, Prentice Hall, 2001.

9 Robert H. Nelson, “The economics profession and the making of public policy”, Journal of Economic Literature, vol. 25, núm. 1, 1987, pp. 49-91.

10 Rhoads, op. cit.

11 Richard E. Just et al., The welfare economics of public policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2004.

12 Bartor (1959), en A. Mark Kleiman y Steven Teles, “Market and non market failures”, en Michael Moran et al. (eds.), Oxford handbook of public policy, Nueva York, Oxford University Press, 2006.

13 Es difícil definir de forma clara y precisa los costos de transacción económicos puesto que contienen una gran variedad de elementos a considerar. Esta misma complejidad impide proveer de un marco teórico conciso. Sin embargo, la aplicación de este concepto permite formar un marco conceptual que sirve para organizar y entender de una manera más clara los modelos analíticos. Véase North (1990, p. 27), en Avinash D. Dixit, The making of economic policy: A transaction-cost politic perspective, Cambridge, MIT Press, 1996, p. 31.

14 Avinash D. Dixit, op. cit.

15 Oliver E. Williamson, “Transaction cost economics”, en Richard Schmalensee y Robert Willig (eds.), Handbook of industrial organization, Ámsterdam, Elsevier, 1989.

16 Los contratos de tipo político, además de que involucran a muchos participantes, poseen términos y condiciones generales, y los mecanismos para el esclarecimiento de disputas en ocasiones son poco efectivos.

17 Becker y Becker, op. cit.; Kleiman y Teles, op. cit.

18 Deborah Stone, Policy paradox: The art of political decision making, Nueva York, W. W. Norton & Company, 2001.

19 Viktor J. Vanberg, “The rationality postulate in economics: Its ambiguity, its deficiency and its evolutionary alternative”, Journal of Economic Methodology, vol. 11, núm. 1, 2004, pp. 1-29.

20 Anthony B. Atkinson, “The strange disappearance of welfare economics”, Kyklos, núm. 54, 2001, pp. 193-206.

21 T. Schelling, “Economic reasoning and the ethics of policy”, The Public Interest, núm. 63, 1981, pp. 37-61.

22 Clair Wilcox, “From economic theory to public policy”, The American Economic Review, vol. 50, núm. 2, 1960, pp. 27-35.

23 Lee H. Hamilton, “Economists as public policy advisers”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 6, núm. 3, 1992, pp. 61-64.

24 Ibidem.

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1 C. K. Leman y R. H. Nelson, “Ten commandments for policy economists”, Journal of Policy Analysis and Management, vol. 1, núm. 1, 1981, pp. 97-117.

2 G. Becker, “A theory of marriage”, The Journal of Political Economy, vol. 81, núm. 4, 1973, pp. 813-846; S. Grossbard-Schechtman, On the economics of marriage: A theory of marriage, labor, and divorce, Boulder, Westview, 1993.

3 Joshua Angrist y William N. Evans, “Schooling and labor market consequences of the 1970 state abortion reforms”, documento de trabajo 5406, NBER, 1996.

4 G. Becker, The economics of discrimination, Chicago, The Chicago University Press, 1971.

5 M. Carnoy, Faded dreams: The politics and economics of race in America, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

6 Bruno S. Frey y Alois Stutzer, Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being, Princeton, Princeton University Press, 2002.

7 G. Tullock, “An economic approach to crime”, Social Science Quarterly, núm. 50, 1969, pp. 59-71 (reimpreso en R. C. Amacher, Tollison R. D. y Willet T. D., The economic approach to public policy: Selected readings, Ithaca, Cornell University Press, 1976).

8 Anthony C. Fisher y F. M. Peterson, “The environment in economics: A survey”, Journal of Economic Literature, vol. 14, núm. 1, 1976, pp. 1-33.

9 Mark Duggan y Steven D. Levitt, “Winning isn’t everything: Corruption in sumo wrestling”, The American Economic Review, vol. 92, núm. 5, 2002, pp. 1594-1605.

10 Leman y Nelson, op. cit.

11 S. E. Rhoads, “Economists and policy analysis”, Public Administration Review, vol. 38, núm. 2, 1978, pp. 112-120.

12 Ibidem.

13 B. Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, Nueva York, Verso, 1991.

14 Simon (1957) en R. D. Calkins, “The production and use of economic knowledge”, The American Economic Review, vol. 56, núms. 1 y 2, 1966, pp. 530-537.

15 Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.

16 R. C. Amacher, R. D. Tollison y T. D. Willet, “The economic approach to social policy quesitons: Some methodological perspectives”, en R. C. Amacher et al. (eds.), The economic approach to public policy, Ithaca, Cornell University Press, 1976.

17 Ibidem.

18 C. L. Schultze, “Is economics obsolete? No, underemployed”, Saturday Review, enero de 1972, reimpreso en R. C. Amacher et al. (eds.), The economic approach to public policy, Ithaca, Cornell University Press, 1972.

19 Ibidem.

20 H. A. Simon, “Rationality as process and as product of thought”, The American Economic Review, vol. 68, núm. 2, 1978, pp. 1-16.

21 Ibidem.

22 Ibidem; H. A. Simon, “Rational decision making in business organization”, The American Economic Review, vol. 69, núm. 4, 1979, pp. 493-513.

23 Leman y Nelson, op. cit.

24 Ibidem; Rhoads, op. cit.

25 Rhoads, op. cit.

26 Ibidem.

27 Beth J. Asch, “The economic complexities of incentive reforms,” en Robert Klitgaard y Paul C. Light (eds.), High-performance government: Structure, leadership, incentives, Santa Monica, RAND Corporation, MG-256-PRGS, 2005.

28 Ibidem.

29 Leman y Nelson, op. cit.

30 Deborah Stone, Policy paradox: The art of political decision making, Nueva York, Norton, 1997.

31 Ibidem.

32 Peter J. May, “Policy analysis: Past, present and future”, Public Administration Review, vol. 49, núm. 2, 1989, pp. 210-212.

33 De León (1997), en Laurence Lynn, Jr., “A place at the table: Policy analysis, its postpositive critics and the future of practice”, Journal of Policy Analysis and Management, vol. 18, núm. 3, 1999, pp. 411-425.

34 Fischer (1993), en Laurence Lynn Jr., “A place at the table: Policy analysis, its postpositive critics and the future of practice”, Journal of Policy Analysis and Management, vol. 18, núm. 3, 1999, pp. 411-425.

35 Amacher, Tollison y Willet, op. cit.

36 R. Solow, “Science and ideology in economics”, The Public Interest, núm. 21, 1970, pp. 94-107.

37 Leman y Nelson, op. cit.

38 Solow, op. cit.

39 Lynn, op. cit.

40 Amacher, Tollison y Willet, op. cit.

41 Solow, op. cit.

42 Lewis G. Irwin, The policy analyst’s handbook: Rational problem solving in a political world, Nueva York, M. E. Sharpe, 2003.

43 Solow, op. cit.

44 Torgerson (1986), en Laurence Lynn Jr., “A place at the table: Policy analysis, its postpositive critics and the future of practice”, Journal of Policy Analysis and Management, vol. 18, núm. 3, 1999. Stone, op. cit.

45 Lynn, op. cit.

46 K. Archibald, cit. en G. Majone y E. W. Quade, The pitfalls of analysis, Chichester, Wiley, 1980; cit. en Lynn, op. cit.

47 R. Heineman et al., cit. en Lynn, op. cit.

48 Schultze, op. cit.

49 Schultze cit. en Amacher, Tollison y Willet, op. cit., p. 108.

50 Amacher, Tollison y Willet, op. cit.

51 May, op. cit.

52 Amacher, Tollison y Willet, op. cit.