Obras y reparaciones en los arrendamientos urbanos de vivienda

Obras y reparaciones en los arrendamientos urbanos de vivienda

Elga Molina Roig
Doctora en Derecho Civil, Asesora Jurídica en Derecho Inmobiliario,
Responsable de la Bolsa de mediación para el alquiler social del
Consell Comarcal del Tarragonés

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, cualquiera que sea su medio (mecánico, electrónico, por fotocopia, etc.) sin la autorización expresa de los titulares del copyright.

© AFERRE EDITOR S.L. 2020

© Autora 2020

Diseño de cubierta: Clara Batllori

Primera edición septiembre 2020

ISBN: 978-84-122026-8-7 (papel)

ISBN: 978-84-122026-9-4 (digital)

Depósito Legal: B 10850-2020

Edita: AFERRE EDITOR S.L.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 510

08015 Barcelona

Telf.: (+34) 93 4548180

email: aferreeditor@gmail.com

Impresión y encuadernación: Ulzama Digital

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Introducción

La normativa que regula las obras y reparaciones en la vivienda arrendada la encontramos en los artículos 19 y 21 a 24 LAU. Este régimen jurídico no se ha modificado desde la aprobación de la Ley 29/1994 sobre arrendamientos urbanos, excepto algunos aspectos concretos como la ampliación de los sujetos del artículo 24 LAU que permite a los mayores de setenta años realizar obras de adaptación en la vivienda o la posibilidad de pactar libremente obras de mejora regulada en el artículo 19.4 LAU.

Respecto a las obras que se pueden realizar en la vivienda arrendada que vamos a analizar en este libro debemos distinguir:

En primer lugar, las obras de conservación y las obras de mejora. Las primeras son aquellas necesarias para adaptar o mantener el inmueble en el uso para el que fue destinado1, sin las cuales la vivienda quedaría la cosa arrendada inservible para su uso, e incluso llegaría a destruirse2. Y las obras de mejora, son aquellas que no son imprescindibles para mantener la vivienda y que implican un incremento del valor de uso o utilidad de la cosa3.

En segundo lugar, analizamos las obras que realiza cada parte del contrato, se regulan en algunos casos como obligatorias para arrendador o arrendatario, por ejemplo, las reguladas en el artículo 21 LAU. Y, en otros casos se regulan como facultades, por ejemplo, las recogidas en el artículo 22 para el arrendador y las del artículo 23 LAU para el arrendatario.

Este régimen de obras y reparaciones se aprueba tanto para los contratos de arrendamiento de vivienda como para los de uso distinto de vivienda, que se aplican a los inmuebles que se destinan a arrendamiento de temporada o para prestar una actividad económica o profesional. La principal diferencia entre estos dos regímenes radica en que en los arrendamientos de uso distinto de vivienda es posible pactar un régimen diferente y, solo se aplicará la regulación legal en defecto de pacto. Por lo tanto, es un régimen dispositivo que da preferencia a la autonomía de la voluntad de las partes. En cambio, cuando se trata de un arrendamiento de vivienda cabe recordar que el artículo 6 LAU no permite a las partes establecer ningún pacto sobre las normas de régimen imperativo del Título ll de la LAU, siempre que este pacto sea perjudicial para el arrendatario. Por lo tanto, a sensu contrario, las partes del contrato podrán pactar aquello que estimen conveniente, siempre que la norma lo permita o cuando no cause algún perjuicio al arrendatario. En este sentido, el régimen de obras y reparaciones establecido en el artículo 21 LAU es esencialmente imperativo, pues no se establece expresamente la posibilidad de pacto sobre su contenido. No obstante, como veremos la jurisprudencia ha admitido que puedan pactarse algunos extremos que consideran que no son contradictorios con este régimen imperativo, aunque sean beneficiosos para el arrendador y perjudiciales para el arrendatario como, por ejemplo, cuando se formalizan acuerdos sobre el estado en el que debe devolverse la vivienda al arrendador a la terminación del contrato de alquiler. Y, en cambio, se establece un régimen dispositivo para las obras de mejora, en virtud del artículo 19.4 LAU.

El régimen más complejo es el que se regula en el artículo 21 LAU que trata de dilucidar la responsabilidad de cada parte del contrato respecto a las obras y reparaciones necesarias para las partes, es decir, determina quien debe hacerse cargo obligatoriamente de las mismas. En cuanto a esto, el artículo 21 LAU solo establece que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido en el contrato. Mientras al arrendatario se le imputan los deterioros producidos por su culpa, de acuerdo a los artículos 1563 y 1564 CC y las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Ahora bien, ha tenido que ser la jurisprudencia la que determine que debe entenderse por la “conservación de la vivienda en condiciones de habitabilidad o las pequeñas reparaciones derivadas del uso ordinario de la vivienda”, que son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, se refieren a una realidad que no es precisa e inequívoca y, por lo tanto, la jurisprudencia ha decidido voluntariamente no acotarlos de manera exacta para permitir soluciones acomodadas a las circunstancias y establecer estándares de conducta abiertas para los destinatarios de las normas jurídicas.

Otra cuestión controvertida jurisprudencialmente son las obras que puede realizar el arrendatario en la vivienda arrendada, sin el consentimiento del arrendador. En este sentido, los Tribunales determinado en que casos es necesario este consentimiento, es decir, han tenido que definir que tipo de obras alteran la configuración de la vivienda arrendada. Así, el artículo 23 LAU solo enuncia este requisito, pero no lo define, por lo que nos encontramos ante otro concepto jurídico indeterminado que ha sido preciso delimitar.

En cambio, la LAU regula otro tipo de obras que se pueden realizar en la vivienda arrendada y que no han sido tratadas en profundidad por la jurisprudencia, como las obras de mejora que puede realizar el arrendador durante la vigencia del contrato de alquiler (art. 22 LAU), que le darán derecho a elevar la renta (art. 19 LAU) o las obras de adaptación que pueden realizar las personas discapacitadas o los mayores de setenta años (art. 24 LAU). En estos casos, ha sido la doctrina la que ha tenido que definir algunos conceptos necesarios y fijar los principales requisitos para su aplicación a partir de la regulación establecida en la LAU. Así, se ha determinado que tipo de obras de mejora son las que no pueden diferirse hasta la finalización del contrato de arrendamiento, que se contemplan en el artículo 22 LAU o que requisitos deben cumplir las personas discapacitadas y el tipo de obras que podrán realizar para adecuar la vivienda arrendada a sus necesidades, según el artículo 24 LAU.

Por este motivo, la finalidad de este libro es recoger gran parte de la jurisprudencia y la doctrina existente sobre la materia para poder delimitar las responsabilidades de cada parte del contrato y poder aplicarla al caso concreto de la forma más rigurosa y precisa posible, aunque, como veremos, en muchos casos existe jurisprudencia contradictoria y posiciones doctrinales discrepantes, pues no existen soluciones sencillas a problemas complejos.