EN EL NOMBRE DEL REY

UN ENSAYO SOBRE LA DELINCUENCIA
Y LA JUSTICIA PENAL
EN LA VALENCIA DE LOS AUSTRIAS

HISTÒRIA / 189

DIRECCIÓN

Mónica Bolufer Peruga (Universitat de València)

Francisco Gimeno Blay (Universitat de València)

Pedro Ruiz Torres (Universitat de València)

CONSEJO EDITORIAL

Pedro Barceló (Universität Postdam)

Peter Burke (University of Cambridge)

Guglielmo Cavallo (Università della Sapienza, Roma)

Roger Chartier (EHESS)

Rosa Congost (Universitat de Girona)

Mercedes García Arenal (CSIC)

Sabina Loriga (EHESS)

Antonella Romano (CNRS)

Adeline Rucquoi (EHESS)

Jean-Claude Schmitt (EHESS)

Françoise Thébaud (Université d’Avignon)

EN EL NOMBRE DEL REY

UN ENSAYO SOBRE LA DELINCUENCIA
Y LA JUSTICIA PENAL
EN LA VALENCIA DE LOS AUSTRIAS

Eugenio Ciscar Pallarés

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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© Del texto, el autor, 2020

© De esta edición: Universitat de València, 2020

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publicacions@uv.es

Coordinación editorial: Amparo Jesús-María Romero

Ilustración de la cubierta: Cuello de hierro - antiguo instrumento de castigo. Tallin, Estonia.

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

Corrección: Iván García Esteve

Maquetación: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-9134-621-0

Edición digital

ÍNDICE

PRÓLOGO

Nota sobre fuentes, criterios generales y abreviaturas

PRIMERA PARTE
EL DELITO Y SU CONTEXTO

I. LA ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA

1.1 Análisis general de las diferentes bases de delitos

1.2 Una proyección global

II. RASGOS GENERALES DE LA DELINCUENCIA

2.1 Perfil sociológico de los delincuentes

2.2 Espacio y tiempo del delito

2.3 Delincuencia rural y urbana

2.4 Marginalidad y delincuencia social

2.5 Las causas generales de la delincuencia

2.6 Moriscos y cristianos ante el delito

III. EL HONOR

IV. LA VIOLENCIA

4.1 Los niveles de la violencia

4.2 Características generales

4.3 Los instrumentos de la violencia: las heridas

4.4 Motivaciones y situaciones criminógenas según los procesos penales

4.5 Las raíces profundas de la violencia

4.6 Un intento de contención: la «pau y tregua»

V. LA PROPIEDAD

5.1 Delitos e infracciones contra la propiedad: los criterios de una cuantificación

5.2 Los daños

5.3 Los fraudes

5.4 Los robos

VI. EL SEXO

6.1 Sexo y sociedad. El amancebamiento

6.2 La prostitución

6.3 Los actos deshonestos

VII. EL ORDEN PÚBLICO

7.1 Delitos contra la justicia y la autoridad

7.2 Las armas prohibidas

7.3 Los juegos prohibidos

7.4 Otros delitos

7.5 Las situaciones de peligrosidad

VIII. OBSERVACIONES SOBRE LOS BANDOS Y EL BANDOLERISMO

8.1 Acerca de los bandos

8.2 Sobre el bandolerismo y sus tipos

8.3 Una perspectiva procesal: bandos y bandoleros como delincuentes

SEGUNDA PARTE
EL CASTIGO DEL DELITO

IX. DERECHO, ACCIÓN POLÍTICA Y REALIDAD CRIMINAL

9.1 Viejo y nuevo derecho penal

9.2 El derecho procesal penal: entre la continuidad y el incumplimiento

9.3 La crisis progresiva del principio acusatorio. Los «casos fiscals»

9.4 La organización de los tribunales y sus conflictos. El reforzamiento de la justicia real

X. LA REPRESIÓN DEL DELITO Y SUS LIMITACIONES

10.1 Medios y procedimientos de la justicia

10.2 Los estímulos económicos de la represión: la delación y las recompensas

10.3 Las resistencias sociales

10.4 Los procedimientos habituales para el castigo del delincuente

XI. APROXIMACIÓN AL PROCESO PENAL

11.1 Introducción

11.2 El proceso penal y sus fases

11.3 Los procesos de ausencia

11.4 La duración y el coste de los procesos

11.5 El proceso penal en la encrucijada

XII. A DISPOSICIÓN DEL VERDUGO: LA TORTURA JUDICIAL

12.1 Un trámite procesal de limitada aplicación

12.2 El verdugo y su actividad

XIII. LAS PENAS

13.1 Introducción: entre el derecho y la práctica de los tribunales

13.2 La determinación de la pena: el arbitrio judicial

13.3 Las restricciones a la remisión de penas

13.4 Las penas efectivas: provisión, sentencia y remisión

13.5 La ejecución de sentencia: las penas corporales

13.6 La ejecución de sentencia: las penas pecuniarias y costas procesales

XIV. RETO Y RESPUESTA EN UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN. LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA

14.1 La evolución de la delincuencia. Bases empíricas

14.2 La explosión de la delincuencia

14.3 La suprema lucha

14.4 El control y disciplinamiento social

PRÓLOGO

«Apellidant lo nom del Rey», «Apellidant lo nom del Rey y la Justicia», «Apellidant al Rey», «Al Rey», «Ajuda a la Corona»… Con estas y otras expresiones semejantes los hombres al servicio de la justicia (magistrados, oficiales de todo nivel…) dan el alto y proceden a interrogar y detener a los presuntos responsables de algún delito en el Reino de Valencia durante la época de los Austrias. En general, la justicia se ejerce en nombre del rey, ya sea en zonas de realengo o en lugares de señorío, ya se trate de la justicia local o de las instituciones superiores y de amplia competencia territorial, como la Real Audiencia y las gobernaciones. A partir de entonces empieza un «empapelamiento», la apertura de un proceso penal, que es nuestra fuente principal de información: hechos ocurridos, personas implicadas, trámites procesales, acusaciones, penas impuestas, su condonación y «composició»… Sin embargo, más allá de la anécdota inicial y de la delegación última y genérica del poder de juzgar del rey, la línea directriz de la actuación política en este periodo va a ser la progresiva imposición de la justicia real, del poder de la autoridad regia y de sus principales instituciones judiciales sobre la deficiencias y limitaciones de las cortes inferiores, en el camino de un mayor disciplinamiento de la sociedad y del control de sus comportamientos desviados.

El origen de este libro está en el propósito de estudiar un conjunto de procesos penales del monasterio de Santa María de Valldigna en los siglos XVI y XVII, circunscrito al territorio esencial de su jurisdicción, el valle o zona de Valldigna (Valencia). Sin embargo, pronto pudimos advertir, primeramente, su carácter excepcional (por su cantidad y calidad), en relación con otras fuentes semejantes, así como la dificultad de entender con detalle su contenido sin conexión detenida con otros conocimientos diferentes (fueros, derecho procesal, actitudes políticas generales, otros métodos judiciales…). Pero, sobre todo, era destacable la ausencia de un contexto general que nos permitiera comprender y evaluar con precisión el caso original o particular dentro de un conjunto de coordenadas supralocales, la necesidad de establecer un cotejo con otras variables y de entender las diferencias o contrastes que empezábamos a observar. Fuimos conociendo aspectos que no se podían percibir exclusivamente con las fuentes locales de Valldigna, o incluso que las contradecían. Por ejemplo, las sentencias individuales (dictadas por justicia y asesor) o en «consell criminal»; la diversa estructura de delincuencia según fuentes y lugares; el contraste entre una delincuencia rural o urbana; la dicotomía entre una delincuencia marginal o social…; el carácter presencial o absentista de los titulares de la jurisdicción; distintas actitudes ante el castigo del delincuente, etc. Salvo muy brillantes excepciones y en supuestos puntuales, la historia de la criminalidad o de la delincuencia en el Reino de Valencia en la época que referimos está por hacer, en parte por el gran atractivo y la atención que ha merecido el bandolerismo, una faceta importante y compleja (aunque parcial) de esta, visto además hasta ahora sobre todo desde la perspectiva de la política de orden público y represión a cargo de los virreyes.

La conciencia de esta limitación y el propósito de entender de manera lo más integral posible esta problemática nos llevaron a ampliar nuestros horizontes y buscar nuevas fuentes, ya fuesen de la misma clase (procesos penales de Alzira, Valencia-Real Audiencia, ducado de Gandía, Orden de Montesa…), o de diferente estructura o sentido (justicia de ciudades reales en Maestre Racional, Tesorería General, fueros y actos de corte en las Cortes valencianas de los siglos XVI y XVII; pragmáticas y «crides» generales o particulares; política de represión del bandolerismo y afines por parte de los virreyes…). Los procesos penales son una fuente excelente en muchos aspectos, pero dejan fuera mucha información conveniente… Al final, tras varios años de investigación y reflexión, el trabajo resultante, redactado de forma bastante sintética, parece pivotar en dos planos simultáneos. Por un lado, un estudio sistemático de los procesos penales de tres áreas diferentes: rural y de señorío, como Valldigna; de media ciudad y de realengo, como Alzira, y de una gran ciudad –Valencia– junto a un tribunal superior como la Real Audiencia. Por otro lado, la elaboración de una visión general por la que pueda entenderse equilibradamente todo el mundo de la delincuencia y su castigo, integrado en su contexto histórico.

A lo largo del proceso de investigación pronto pudimos inferir que la comprensión de la problemática de la delincuencia no podía ser nunca el resultado exclusivo de la suma o adición de diferentes estudios locales o puntuales (de tal o cual corte o tribunal, o aspecto determinado). Las deficiencias operativas de las justicias locales (medios humanos limitados, parcialidades y juegos de bandos…) y los estrechos espacios de su ámbito jurisdiccional, con la fuga de los delincuentes más peligrosos (procesos de ausencia), dificultaban obtener una visión de conjunto satisfactoria. Para ello era necesario que entrasen en juego y en relación varios elementos superiores en constante evolución (cambios legales, decisiones políticas, el contenido de las nuevas pragmáticas reales, los resortes económicos, el papel de la Real Audiencia, la avocación de causas, la acción represiva a cargo de los virreyes, las actuaciones eficaces pero contrarias a los fueros…).

Su contenido se desgrana en dos partes bastante diferenciadas, que casi coinciden con el clásico tópico de la historiografía anglosajona del «crime and punishment». La primera, y de manera más empírica, trata sobre la descripción de los delitos y su contexto explicativo: desde la estructura de la delincuencia, sus rasgos generales, hasta el análisis de cada uno de sus grupos principales y un apunte final sobre el bandolerismo. La segunda, y de forma más genérica y abierta, aborda el castigo del delito, lo que nos obliga a definir el derecho penal y procesal penal de forma dinámica, en relación con las fuerzas políticas en juego, la estructura de los tribunales, seguida de la represión del delito y sus medios y circunstancias, los procedimientos de castigo, con atención especial al proceso penal, y finalmente la pena, sus modalidades y gradaciones. La primera parte tiene un sesgo preferentemente sociológico y más empírico u objetivable, mientras que la siguiente muestra una impronta más política e institucional, además de una proyección generalista, lo que implica una mayor dificultad de definición.

En ese sentido, y tal como hemos apuntado, se ha intentado conjuntar el análisis preciso de una documentación esencial, los procesos penales, con el diseño e interpretación de un panorama global de la delincuencia en la Valencia de los Austrias, de sus características básicas, de su represión y de su evolución principal. Ha interesado preferentemente construir un cuadro general de esta problemática en relación con la sociedad de la época, interconectando diversos elementos en juego. Priman las visiones estructurales y su evolución en este periodo sobre las fluctuaciones de corto plazo o las coyunturas. Importan las líneas directrices más que los pormenores o el exceso de erudición, a veces innecesaria. No nos dejamos llevar por los detalles de tal o cual proceso muy interesante en sí mismo, sino por las líneas maestras que apuntan varios de ellos en relación con una misma característica. Nos atrae más la aplicación del derecho o la práctica de los tribunales que la dicción literal de las normas legales. Algunas de las fuentes consultadas (sobre todo las no procesales) son susceptibles de un mayor aprovechamiento (v. g., la economía «judicial»), pero se ha seleccionado la información más adecuada a nuestros objetivos. Por ello, y por su amplitud temática, varios capítulos o epígrafes pueden ser objeto de otras extensas y detalladas monografías (v. g., la violencia, la «pau y tregua», el armamento popular, la prostitución, el proceso penal, la tortura…). Sin duda, estas podrán confirmar, o no, las afirmaciones aparentemente más sólidas, discernir sobre algunas de las tesis vertidas, evaluar ciertas hipótesis lanzadas… Teniendo en cuenta las características señaladas, no es este un libro pretendidamente definitivo, si es que alguno de historia de cierta amplitud o envergadura lo es realmente… Al contrario, además de ofrecer una visión global, aspira ante todo a facilitar y estimular ulteriores estudios sobre una materia no muy atendida hasta ahora por la historiografía valenciana.

Resulta obvio que una obra de la extensión y complejidad que hemos descrito hubiera sido imposible o muy difícil de elaborar sin las sugerencias, ayudas, conversaciones y colaboraciones de muchos compañeros y amigos, que me han brindado su apoyo y facilitado información. Su relación sería muy larga y no quisiera pecar de omisión u olvido. Vaya por delante mi agradecimiento, así como que me corresponde toda la responsabilidad de los errores o insuficiencias en que pueda haber incurrido.

L’Eliana, 2017

NOTA SOBRE FUENTES, CRITERIOS GENERALES Y ABREVIATURAS

Entre las fuentes consultadas se ha prestado especial atención a los procesos penales, que desde el siglo XVI tienden a presentarse como expedientes autónomos (desprendidos de los libros generales de justicia), aunque con frecuencia inacabados o parciales y no pocas veces en mal estado de lectura. Con un total global de 1.468 expedientes procesales, se estructuran en cuatro grupos: a) Valldigna (Simat, Benifairó, Tavernes y otras aldeas desparecidas después de 1609), con 977 (1504-1705) (ARV, sección Clero, legajos, dispersos en cajas n.º 1.887 a 2.240, citados por fecha de incoación); b) Alzira (y localidades próximas de su jurisdicción), con 204 (1568-1704) (AMA, leg. 501); c) Valencia - Real Audiencia, con una selección equilibrada de 205 (1511-1701), que suponen el 22,95 % de procesos de la Real Audiencia - «Segunda Parte» (en ARV, Inventario n.º 137, dispersos en cajas n.º 1 a 75), y d) otras localidades (Orden de Montesa, Albalat de la Ribera, Villalonga, Gandia…), con 88 procesos de carácter complementario.

Siguen en interés los cuadernillos de justicia de las ciudades de realengo mejor conservadas en la sección Maestre Racional del ARV: Alzira, Xàtiva, Alcoi, Ontinyent, Llíria y Castellón de la Plana, y en menor grado Valencia, que se precisarán en el capítulo I. De la misma sección, los libros de la Tesorería General (siglos XVI y XVII) (Tesorería General, n.º de serie 8.852 a 8.997, años 1531 a 1704), además de los repertorios de «crides», pragmáticas y documentación similar, así como un vaciado de la legislación foral en las Cortes valencianas (1484-1645) sobre temas relacionados.

Hemos utilizado un baremo de estructura de la delincuencia que fuese operativo, tanto por su adecuación a las fuentes como a criterios de análisis generalmente adoptados, organizado en cinco grandes secciones (Honor, Violencia, Propiedad, Sexo, Orden Público), en las que se agrupan los principales delitos. En cada expediente primamos el delito o infracción principal o más representativo, aunque en ciertos casos contabilizamos otros diferentes de cierta relevancia que resultan del relato de los hechos (concurso de delitos). Su calificación, sin perder de vista criterios técnico-jurídicos actuales, intenta ante todo adaptarse a la realidad sociológica estudiada. Determinados términos o conceptos jurídicos se utilizan más de forma expresiva, narrativa y dirigida a un público amplio, y con preferencia a un preciso rigor técnico actual (tipos penales, libertad provisional, circunstancias modificativas de la responsabilidad…).

Sobre el «hecho criminal» inciden multitud de factores que lo convierten en un objeto de estudio ambiguo, complejo y a veces polémico.¹ En este trabajo utilizamos un concepto amplio de delito, como la conducta castigada y recogida en la ley, de carácter tradicional (homicidios, robos…) («crims», «delictes»), ciertos «vicis y pecats publichs» (juego de naipes, prostitución…), nuevos delitos (armas prohibidas), determinadas medidas de prevención o actitudes peligrosas (circular de noche, forasteros…) recogidas en los bandos, las «crides» o las pragmáticas. Conductas «penales» reguladas (con variable precisión…) en las «leyes», pero que bordean o se solapan a veces con las prescripciones morales o teológicas. Delincuentes y pecadores son matices de una misma realidad que tiende a mezclarse o confundirse.² Los delitos más tradicionales tienen incluso una valoración negativa en función de preceptos y valores morales.

La mayoría de las fuentes inciden en la actuación de las justicias ordinarias, locales o territoriales, titulares de la jurisdicción baronal o mero y mixto imperio, que asumen la gran mayoría de delitos cometidos (a excepción de lesa majestad, falsificación de moneda, herejía y «collera»), pero también se atiende a los tribunales de ámbito regnícola, como en particular la Real Audiencia. En este sentido, estaría descontextualizado plantearse la diferencia entre «delito» e «infracción administrativa». Es obvio recordar la maraña institucional del Antiguo Régimen, y específicamente en la época foral valenciana, en la que determinadas instituciones asumen (más allá de su cometido específico) competencias jurisdiccionales y juzgan (instruyen, sentencian y castigan, incluso con penas corporales a veces) diversas infracciones, sobre todo de tipo económico (el mustaçaf, la Baylia, el tribunal del almirantazgo o de la capitanía general…).

Preferimos el término delincuencia, como más general, frente al más ambiguo de criminalidad. Los delitos nos informan sobre la gran masa de la sociedad, los no privilegiados (más del 90 %), mientras que rara vez surge algún miembro de la nobleza, así como los delitos del clero tienen una jurisdicción reservada. Conviene recordar que los delitos procesados o inventariados no suponen la totalidad de los realmente cometidos («los números negros»), que la verdad judicial o procesal no siempre coincide con la verdad real, pero el volumen de información y el cruce de fuentes nos ayudan a superar muchas limitaciones documentales. Más que medias aritméticas generales, amplias o totalizadoras, preferimos obtenerlas en función de su representatividad concreta y limitada (por localidades, fuentes, ámbitos…), aunque en la práctica muchas veces tienden a homogeneizarse. En este sentido, operamos en tres claves sociológicas e institucionales: la rural y señorial, representada por la Valldigna; la de las ciudades medianas y de realengo, como Alzira y asimilados (Xàtiva, Alcoi, Castellón…), y la de la gran ciudad y tribunal superior, como es Valencia y la Real Audiencia. El número de procesos estudiados por cada zona citada es aproximadamente proporcional y paralelo al cómputo demográfico respectivo en el Reino de Valencia en la época.

El análisis de las fuentes evidencia ciertas «variables» que hay que ir conjugando, como la diferencia entre ámbito rural y urbano, entre jurisdicción suprema e inferior o alfonsina, las diversas formas de práctica judicial (el «empapelamiento» de los procesos o el recurso rápido a la «composició» en Maestre Racional), la simultaneidad o solapamiento territorial en la competencia de ciertos tribunales, la modalidad inquisitiva según delitos (los perseguibles de oficio o «casos fiscals» y los que no lo son) o las distintas «políticas criminales» que puntualmente y a lo largo del tiempo (y en diferentes localidades) pudieran seguir unas autoridades u otras y que no siempre son fáciles de detectar.

PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los fueros y actos de corte de las Cortes de 1484 a 1645 se citarán de la siguiente manera:

Cortes de un determinado año, número de orden si lo hubiere y página de los libros donde se publican, editados por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELENGUER CEBRIA, E.: Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia, 1972.

GARCÍA CÁRCEL, R.: Cortes del reinado de Carlos I, Valencia, 1972.

SALVADOR ESTEBAN, E.: Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1973.

CISCAR PALLARÉS, E.: Las Cortes valencianas de Felipe III, Valencia, 1973.

DE LARIO RAMÍREZ, D.: Cortes del reinado de Felipe IV, I, Cortes valencianas de 1626, Valencia, 1973.

GUÍA MARÍN, L.: Cortes del reinado de Felipe IV, II, Cortes valencianas de 1645, Valencia, 1984.

1 Entre otros, P. Pérez García: «Una reflexión en torno a la Historia de la Criminalidad», Revista de Historia Medieval 1, Universitat de València, 1990, pp. 11-37; «Desorden, criminalidad, justicia y disciplina en la Edad Moderna temprana: problemas abiertos», en L. Álvarez Santaló y C. Cremades Griñán: Mentalidades e ideología en el Antiguo Régimen. II Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Murcia, 1993, II, pp. 93-118; R. Iglesias Estepa: «El crimen como objeto de investigación histórica», Obradorio de Historia Moderna 14, 2005, pp. 297-318.

2 F. Tomas y Valiente: El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1972, pp. 85-112. Del mismo autor, «Delincuentes y pecadores», pp. 11-31; B. Clavero: «Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones», pp. 57-89, ambos artículos en Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid, 1990. Observaciones críticas sobre la identificación de delito y pecado, en P. Pérez García: «La criminalización de la sexualidad en la España Moderna», pp. 366-367, en J. L. Fortea et al. (eds.): Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna, Santander, 2002.

PRIMERA PARTE
EL DELITO Y SU CONTEXTO

I. LA ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA

A pesar de las dificultades que entraña para esta época establecer la radiografía de la delincuencia de manera cuantitativa y objetiva, constituye un paso inicial esencial para conocer la dimensión de los problemas estudiados y su auténtica representatividad.¹ En ese sentido hay que advertir primeramente que excluimos de nuestro análisis las pequeñas infracciones agrarias, vulgarmente llamadas en la documentación «clams», consistentes sobre todo en daños del ganado en los campos y en menor grado pequeños hurtos agrarios («furts de mans»), casi siempre frutos para el consumo inmediato; son faltas leves, numerosas pero de escaso relieve e importancia, tramitadas rápida y oralmente y que la práctica judicial discriminó o marginó desde muy temprano.²

1.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS DIFERENTES BASES DE DELITOS

a) La Valldigna

En este pequeño valle, abierto al Mediterráneo al sur de la provincia de Valencia, se constituyó un señorío regido por la comunidad cisterciense del monasterio de Nuestra Señora de Valldigna, sito en la localidad de Simat. De predominante población morisca (entre un 75 y un 80 %), a principios del siglo XVII estaba poblado por unas 550 o 600 casas (en torno a 2.400 habitantes), distribuidas en tres pueblos (Simat, Benifairó y Tavernes) y algunas aldeas (Xara, Hombria, Alfulell, etc.), casi todas desaparecidas después de la expulsión de 1609. Zona predominantemente agrícola, con ganadería complementaria, la gran mayoría de sus habitantes eran llauradors, que ocasionalmente simultaneaban su oficio con actividades comerciales o de trasformación artesanal doméstica. Representa pues una zona estricta y claramente rural, con pueblos de pocas casas, escaso entramado callejero y mucha transparencia entre los vecinos; sobre ella tenía el abad del monasterio plena jurisdicción, mero y mixto imperio, pudiendo juzgar y castigar todos los delitos, salvo las escasas excepciones generales establecidas (lesa majestad, falsa moneda, herejía).³ Por tanto, ámbito plenamente rural y señorial.⁴

Para cifrar la estructura de la delincuencia, nos hemos centrado en los delitos extraídos de los procesos abiertos de 1557 a 1704 en primera instancia.⁵ Para este periodo general, el cuadro 1.1 muestra con contundencia que los delitos contra la integridad física de las personas (violencia) representan la parte del león, el 40,56 % del total, con marcado peso de peleas y lesiones, seguidas de homicidios. Siguen los delitos contra la propiedad, con el 24,48 %, casi todos ellos robos. Muy cerca se halla el conjunto de los de orden público, con el 20,46 %, entre los que destacan los que atentan contra la justicia y la autoridad (en particular las «resistencias»). Completan, con escasa entidad, las injurias/calumnias y los delitos contra la honestidad en materia sexual (gráfico 1.1). Si desdoblamos las cifras entre dos periodos muy diferenciados, el siglo XVI hasta 1609, con predominio de población morisca, y el largo siglo XVII hasta 1704, observamos que los resultados son muy semejantes, con porcentajes muy próximos entre sí, marcados en ambos casos por los delitos violentos, quizá con una mayor incidencia de los homicidios en el siglo XVII.

Datos en los que hay que reparar, pues entendemos que estamos ante una fuente excepcional. Es muy difícil encontrar tanta información procesal penal sobre unas pocas y pequeñas localidades como las citadas.⁶ Desde luego, no se cuenta con la totalidad de procesos o casos y tenemos ejemplos o referencias criminales de los que no se han encontrado expedientes, pero trabajamos con un porcentaje muy cercano a ello. De 1557 a 1609 hay datos de todos los años, con una media anual de 13,73 delitos, que por su entidad y por comparación con otras variables⁷ probablemente superaría con creces el 80 % de la totalidad de casos penales realmente producidos. Menos contundentes son las cifras de 1610 a 1704, con una media anual de 4,02 delitos, pero de esta centuria tenemos datos de todos los años menos de diez⁸ y la población se redujo drásticamente (apenas llegaría a trescientas casas en 1646 y superaría levemente las cuatrocientas hacia 1700), por lo que los 287 expedientes conservados suponen un volumen de información muy amplio.

Por tanto, conocemos un altísimo número de los delitos producidos, con una gran diversidad y variedad (excluidos los «clams» agrarios), distribuidos homogéneamente a lo largo del tiempo y, lo que es más importante, con un criterio común y general de incoación, sin diferencias sustanciales entre unos delitos u otros. Es decir, que el sistema de trabajo de la justicia solía ser esencialmente el mismo para la generalidad de delitos: abrir expediente por cada caso (de oficio, por denuncia presentada, etc.) y tramitarlo; las excepciones debieron de ser muy raras.⁹ Por tanto, la documentación de la Valldigna cumple ampliamente los criterios preferentes de representatividad aludidos (cantidad, diversidad y homogeneidad en la tramitación). En consecuencia, por las razones expuestas, consideramos como altamente válidos los resultados obtenidos de esta fuente, y como un indicador de fiabilidad para los análisis de la estructura de la delincuencia de otras zonas.

CUADRO 1.1
Estructura de la delincuencia en Valldigna
(delitos, cifras absolutas y porcentajes)

b) Las ciudades reales

Los registros de justicia de algunas ciudades reales de la serie Maestre Racional (ARV) relacionan con brevedad las cantidades percibidas por las justicias locales, especialmente en materia penal, la persona responsable, con frecuencia el delito cometido, algunas circunstancias personales (origen, profesión, etc.) («rebudes»)y los gastos producidos («dates»). Normalmente se trataba de una «composició» y remisión, por la que a un reo se le conmutaba la pena de una infracción, ya fuese antes de abrir expediente o seguirse el procedimiento, o con posterioridad; más raro era la conmutación de sentencia condenatoria o el pago de pena pecuniaria, aunque muchas veces la fuente no es suficientemente explícita (o los criterios de los escribanos cambiaban con los años, etc.). Así se debieron de resolver la mayoría de los asuntos, pero no todos. Otros (por desconocimiento del autor, complejidad del tema, resistencia de los reos, oposición judicial a la remisión, etc.) se tramitarían en procesos ordinarios e independientes, que habitualmente no se han conservado, salvo con alguna excepción (v. g., Alzira).

Nos interesa ahora el cómputo de delitos reseñados en esta fuente por cada año¹⁰ (excluidos los «clams» agrarios) para evaluar la estructura de la criminalidad. Cuando no se indica el delito o resulta ilegible, lo situamos en los cuadros correspondientes como «desconocidos». Cuando no se concreta el delito ni la fecha de realización y solo se remite a un proceso o sentencia como justificación del pago, lo registramos como «procesos». Estos dos apartados no son contabilizados para obtener la estructura de la criminalidad, pero no hay que olvidar que alcanzan un nivel de casi una quinta parte de las infracciones y normalmente se referirían a delitos de cierta gravedad.¹¹ Hemos intentado superar y homologar la casuística local,¹² y quizá neutralizar hasta cierto punto los posibles fraudes.¹³

Las localidades estudiadas son pequeñas o medianas ciudades, con ciertos rasgos comunes. Así, en general, todas son capitales de comarca, de población de más de mil casas en torno a 1600 (excepto Llíria), con un amplio término municipal y que gozan de un importante sector agrícola. Probablemente en torno a la mitad o más de su población activa estaba relacionada con el sector primario, pero en su casco urbano, más desarrollado de lo habitual (casco viejo, murallas, varias plazas, etc.), existen numerosos talleres artesanales y una pequeña red gremial de diversos oficios («velluters», «peraires», zapateros, sastres, herreros, molineros, hornos, etc.). Destaca su infraestructura de tiendas y comercios de todo tipo, y disponen de un renombrado mercado comarcal, con mayor oferta de mercancías y concurrencia de precios, polo de atracción de los vecinos de muchos pueblos del alrededor. A su vez, son centros de prestación de servicios varios (médicos, cirujanos, notarios, justicia, etc.), y poseen abundantes lugares de ocio (hostales, burdel). De poblamiento predominantemente cristiano desde la Reconquista, disponen de una amplia infraestructura eclesial (varias iglesias, ermitas, capillas, conventos, beneficios, etc.). Son también lugares de tránsito de diferentes personas –unas forasteras, otras, meros transeúntes, otras, vecinos de pueblos próximos, etc.– que gozan de un cierto nivel de anonimato. La propiedad de la tierra y el rentismo suelen ser los rasgos económicos preferentes de una clase dirigente local de propietarios agrícolas, mercaderes y profesionales que conviven con algunos eclesiásticos y caballeros o miembros de la pequeña nobleza. Bajo el paraguas de la titularidad real, de esta oligarquía surgen los oficios rectores del municipio, y entre ellos el justicia, de nombramiento y renovación anual, es quien ejerce la plena jurisdicción sobre la «ciutat» o «vila», y solamente la suprema o mero imperio sobre las «universitats» o «llochs» situados en sus términos generales.

Xàtiva, el principal núcleo urbano después de Valencia (más de dos mil casas y una poblada morería de 380 en 1609), es uno de los ejemplos más característicos de estas ciudades, además de sumamente conflictiva (motivos jurisdiccionales, fiscales, administrativos, etc.).¹⁴ El cuadro 1.2 ofrece una estructura general de la delincuencia de todo el periodo,¹⁵ sorprendente y muy diferente a la de Valldigna. Priman ahora los delitos de orden público, y en particular los relacionados con las armas prohibidas, con un tercio del total (34,52 %), a lo que habría que sumar los juegos, normalmente cartas o naipes (8,11 %). Luego, los delitos sexuales, sobre todo prostitución y amancebamiento, acaparan otra cuarta parte. En cambio, los delitos violentos solo suponen el 5,45 % y los robos el 0,87 %. Los de injurias tienen aquí, y en otros registros del Maestre Racional, una presencia casi insignificante. Su desglose en el periodo inventariado (1538-1703) permite algunas oscilaciones, pero se mantienen las mismas constantes: predominio de los delitos de armas y juegos prohibidos, del amancebamiento y de la prostitución.¹⁶

CUADRO 1.2
Estructura de la delincuencia en Xàtiva (1538-1703)
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

Efectivamente, la serie del Maestre Racional de Xàtiva refleja, sin duda, la estructura de la labor punitiva de su justicia, pero no la estructura «real» de su delincuencia. La insignificancia de los delitos violentos y los robos así lo indican, junto con la exageración de otros. Como veremos en otras ciudades reales, aunque en grado variable, aquella parece haber centrado su actividad en los delitos no marcadamente graves, menos complejos, cogidos in fraganti y/o con previa delación, preferentemente producidos en el caso urbano, y que sus responsables decidieron negociar y admitir una multa para evitarse los gastos, sin las tardanzas y la vergüenza de un juicio («per no sperar forma de juhi», como dirán las fuentes), por ejemplo los de armas, juegos prohibidos, amancebamiento y prostitución. A su vez, es evidente que una ciudad populosa y con importante tráfico de vecinos ofrecía un amplio muestrario de ello y permitía sobradamente dicha inclinación. De esta manera, se evitaban las largas tramitaciones procesales y se percibían con rapidez los ingresos, cuando además el magistrado principal solo dispondría de un año de gobierno para gestionar su oficio. Los delitos más graves, como lesiones, homicidios, violaciones, ladrones insolventes o especialmente casos dudosos (injurias), quedarían remitidos a procesos más largos. Es difícilmente imaginable una ciudad importante «sin ladrones» o con ausencia de actos violentos entre sus habitantes. A mayor abundamiento, el justicia de Xàtiva coincidía en su ciudad y comarca con un tribunal superior, la Gobernación («llochtinent de Portant Veus de General Governador» del norte), que tuvo que absorber los casos de más relieve e incluso a veces los delitos menores; estos dos tribunales entraron en competencia y sus roces institucionales se tradujeron en quejas y peticiones en Cortes por parte del brazo real.¹⁷

Semejante, pero no igual, parece haber sido el caso de la villa de Castellón de la Plana (1595-1702),¹⁸ donde también el justicia local y el gobernador entraron en pugna. Los delitos de orden público son mayoritarios, con un 44,90 % (armas, juegos, contra la justicia), seguidos, con una cuarta parte del total, por los sexuales (amancebamiento y prostitución), para quedar detrás los delitos contra la propiedad y los violentos. Sin embargo, hay diferencia entre la primera mitad del siglo XVII, con más delitos conocidos y mayores referencias a «procesos» (infracciones no reseñadas), con dicha estructura en lo esencial, que en la segunda mitad (menos delitos, y menos referencias desconocidas), cuando repuntan los delitos violentos y los robos (hasta el 22,22 %).¹⁹

En esa misma tendencia, la villa de Llíria, más pequeña (507 casas en 1609), de sesgo predominantemente agrícola, y mucho más cercana a la ciudad de Valencia y relacionada con esta,²⁰ refleja una estructura aún más exagerada y polarizada que sin duda no se adecuaría a la realidad de la criminalidad. Tanto en el conjunto del periodo del que tenemos datos (1509-1680),²¹ como en las tres franjas en las que se ha dividido la información,²² se muestra una composición semejante: insignificancia de los delitos contra la propiedad y sexuales (y por supuesto de las injurias), escaso relieve de las acciones violentas (en torno al 10 %) y un predominio aplastante de los delitos contra el orden público (en torno al 80 %), muy en particular de los juegos²³ y de las armas, pero sin olvidar las resistencias a la justicia y desacatos (13,10 %) e incluso una cierta particularidad local, los «juraments» («per jurar a nostre Senyor») (4,49 %, en desórdenes o escándalos públicos). Otra vez, la acción de la justicia parece más centrada en los delitos preferentemente urbanos, leves y de fácil tramitación, y ello unido a la escasa entidad de los sexuales en una localidad no muy poblada, de mayor signo rural, mientras que algunas infracciones más graves (violencia y robos) se tramitaban por vía procesal, en la propia localidad o por avocación de los tribunales superiores de la cercana ciudad de Valencia (Real Audiencia).

Más equilibradas nos parecen las estructuras de Ontinyent²⁴ y Alcoi,²⁵ donde sus justicias actuaban en solitario y estaban más alejadas de núcleos urbanos mayores (sobre todo Valencia) y de sus tribunales. Así, en Ontinyent (1598-1692),²⁶ el grupo más numeroso lo constituyen los delitos contra el orden público (37,76 %), con especial incidencia de las armas prohibidas (19,07 %), aunque el porcentaje de los delitos violentos está muy próximo (31,98 %), en particular homicidios y lesiones; los delitos sexuales y contra la propiedad mantienen un porcentaje no exagerado, en torno al 12 %, eso sí, los robos son casi insignificantes. Por su parte, Alcoi (1600-1701)²⁷ muestra una estructura semejante, donde los delitos violentos (peleas y lesiones, sobre todo), con el 38,62 %, están casi igualados con los de orden público, con el 35,95 % (justicia, armas, juegos), seguidos por los contrarios a la propiedad (daños, fraudes y algunos robos), con un 17,89 %, y algo por los sexuales (5,35 %) (gráfico 1.2). En las dos ciudades no se observan grandes oscilaciones entre las dos mitades del siglo XVII, salvo los delitos contra la honestidad en materia sexual en Ontinyent (amancebamiento y prostitución), con relevancia en la primera mitad de la centuria (13,75 %) para casi desaparecer posteriormente.

CUADRO 1.3
Estructura de la delincuencia en Castellón de la Plana
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

CUADRO 1.4
Estructura de la delincuencia en Llíria
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

CUADRO 1.5
Estructura de la delincuencia en Ontinyent
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

CUADRO 1.6
Estructura de la delincuencia en Alcoi
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

GRÁFICO 1.1
Estructura de la delincuencia en Valldigna (1557-1704)
(cuadro 1.1)

GRÁFICO 1.2
Estructura de la delincuencia en Alcoi (1600-1701)
(cuadro 1.6)

c) Alzira

La mayor información de la que disponemos de Alzira la convierte en un caso singular. Como «vila» real dispuso de un amplísimo término general desde la Reconquista, pero desde un principio se produjeron diversas segregaciones, tanto de lugares de señorío como de realengo. A mediados del siglo XVI aún contaba con un dilatado territorio con muchas localidades dependientes de su jurisdicción suprema y algunas de ellas bastante pobladas, pero desde los años setenta comienza una fase importante de desagregación territorial que se va a prolongar hasta principios del siglo XVII, con tres casos muy importantes (Algemesí, Carcaixent y Guadassuar).²⁸ Ello, obviamente, tuvo sus consecuencias en el ámbito de la jurisdicción de la justicia alzireña, que sin duda vio disminuido el volumen de sus competencias y causas, pero en una dimensión difícil de evaluar.²⁹

De todas formas, Alzira era una pequeña ciudad destacada y principal en la comarca de la Ribera, muy poblada y con jurisdicción variable sobre distintos territorios.³⁰ La serie del Maestre Racional es bastante completa y hemos construido la estructura de la delincuencia desde 1530 hasta 1690.³¹ La imagen general que muestra el cuadro 1.9 es semejante a la de otras ciudades reales ya comentadas: un predominio de los delitos de orden público (51,85 %), con especial incidencia de los de armas prohibidas y juegos; les siguen los de ámbito sexual, en particular el amancebamiento y la prostitución (en total el 21,19 %), los violentos, con una cierta presencia (18,64 %) (peleas, lesiones, homicidios) y, ya con poca entidad, aquellos contra la propiedad, sobre todo robos.

Pero si dividimos la información por periodos cronológicos (cuadro 1.7), encontramos diferencias bastante considerables y no de evidente explicación. En primer lugar, de 1530 a 1578, antes de la acentuación de la segregación de localidades, los delitos de juegos y armas son predominantes, además de los de justicia, pero al tener poca incidencia los delitos sexuales (9,55 %) destacan más los delitos violentos, que llegan al 30,28 %. Durante el periodo intermedio (1579-1639), la mayor impronta pudo residir en las citadas segregaciones, aunque también, con mayor nivel de información, los clásicos delitos de orden público, que siguen acaparando la mitad de la base, mientras que se incrementan porcentualmente los amancebamientos y disminuyen correlativamente los hechos violentos. Ya en la segunda mitad del siglo XVII (1640-1690), y con muchos menos datos (solamente 159 infracciones), lo que puede distorsionar los resultados con más facilidad, vemos que adquieren más peso los delitos violentos (44,02 %) (en especial homicidios), por encima incluso de los de orden público, mientras que se reducen los sexuales y repuntan en cierto modo los robos, siempre en términos relativos.

Se trata, como ya dijimos, de delitos remitidos (sujetos a «composició») y algunas penas pecuniarias. Pero de esta sede judicial tenemos un número considerable de expedientes o procesos penales en primera instancia de 1568 a 1705,³² de aquellos asuntos que siguieron su curso procesal, ya fuese porque hubo resistencia y oposición de las partes, negándose a negociar, o bien por la propia complejidad de los hechos, o bien por corresponder a investigaciones que quedaron sin resolver o bien porque se finalizaron aplicando especialmente penas corporales y no pecuniarias (o los reos eran insolventes, etc.), etc. Otros, después de una mayor o menor tramitación procesal, acabaron igualmente total o parcialmente «remitidos» y «composats».³³ Si atendemos a la estructura de estos expedientes procesales (cuadro 1.8), especialmente en todo el periodo (1568-1705) y la comparamos con los resultados del Maestre Racional en el cuadro 1.9 observamos un gran contraste (gráfico 1.3). En los procesos el peso de la delincuencia está en el grupo de los delitos violentos, que alcanza casi la mitad del total (49,37 %), seguidos de los delitos contra la propiedad (casi el 20 %), sobre todo robos; los delitos de orden público no representan aquí la parte del león y suponen el 16,59 %, pero ya no destacan las armas prohibidas o los juegos de cartas, sino los atentados y resistencias a la justicia; los delitos sexuales muestran el diez por cien, pero no el amancebamiento o la prostitución, sino las infracciones más graves (actos deshonestos) como las violaciones, abusos deshonestos, etc.; incluso las injurias empiezan a tener un peso en la estructura de los procesos, cuando eran casi inexistentes en los registros del Maestre Racional. Si desglosamos las datos de los procesos entre las dos centurias (cuadro 1.8), encontramos alguna diferencia, pero el perfil general es el mismo que hemos descrito: predominio claro de los delitos violentos, seguidos por los robos, completados por los que atentan contra el orden público y, por último, en torno al 10 %, los delitos sexuales.³⁴

Como vemos, entre los registros del Maestre Racional y los procesos conservados existe no solo una cierta diferencia, sino incluso un fuerte contraste.³⁵ Es el resultado de prácticas y fuentes judiciales distintas, que inciden en una misma realidad criminal. Y esta se debió de situar a medio camino entre estas dos estructuras de la delincuencia.

CUADRO 1.7
Estructura de la delincuencia en Alzira
(cifras absolutas y porcentajes) (MR)

CUADRO 1.8
Estructura de la delincuencia en Alzira
(cifras absolutas y porcentajes) (procesos)

CUADRO 1.9
Alzira: estructura de la delincuencia comparada
(cifras absolutas y porcentajes) (MR, procesos)

d) La ciudad de Valencia. La Real Audiencia

La ciudad de Valencia se configura con todos los requisitos de una gran ciudad. Contaba con una población media de unas diez mil casas (unos cuarenta mil habitantes) intramuros, que oscilaron al alza o a la baja según las circunstancias socioeconómicas, y era un centro artesanal destacado, con activo comercio minorista e interior y de proyección externa, con un importante puerto, junto a una minoría de agricultores. Además, estaba rodeada (extramuros) de un gran número de «llochs» en su término general, la fértil «huerta», en donde existía un relevante poblamiento disperso en alquerías, que en conjunto suponían otras cinco mil casas aproximadamente. Entre ambas partes hubo siempre una ósmosis y una comunicación constante en todos los sentidos.³⁶ Como capital del reino, era la sede de las principales autoridades e instituciones de gobierno, de la mayoría de la clase dirigente (nobleza titulada, señores de lugares, caballeros, principales jerarquías eclesiásticas) y de una numerosa y variada clase media de profesiones liberales, mercaderes y rentistas («ciutadans honrats»). Estas circunstancias le daban un carácter abierto y cosmopolita, con presencia de forasteros y transeúntes, centro de servicios y ocio y un elevado nivel de anonimato para la época.³⁷

En principio, la competencia ordinaria de la justicia penal correspondía al justicia criminal, que tenía plena jurisdicción (mero y mixto imperio) en el interior de los muros de la ciudad propiamente dicha, y la jurisdicción suprema, la correspondiente a los delitos con penas más graves, en los lugares de su amplísimo término general (con límites aproximados en Sagunto, Buñol y la comarca de la Ribera del Xúquer), en donde sus propietarios ejercían con carácter general la jurisdicción alfonsina.³⁸ Conocemos la acción punitiva de este magistrado por los registros del Maestre Racional,³⁹ y muestran aproximadamente los mismos rasgos que hemos visto en las otras ciudades reales. Un cómputo de 779 delitos de 1556 a 1597 indica que el 62,5 % de los casos corresponden a delitos contra la honestidad, un 22,5 % contra la persona, el 8,2 % contra el orden público y el 6,8 % contra la propiedad. Para el reinado de Felipe III, y con 3.863 casos, siguen siendo mayoritarios (con el 53,22 %) los delitos contra la honestidad, seguidos, con un 29,30 %, por los de orden público y, con un 14,20 %, por aquellos contra las personas.⁴⁰ Por nuestra parte, hemos efectuado un simple sondeo orientativo en cuatro años alejados entre sí (1546, 1597, 1640 y 1680) y los resultados son semejantes.⁴¹ Por tanto, otra vez, la acción punitiva de la justicia local ordinaria según esta fuente (MR) se centraba en los delitos fáciles y leves más abundantes y frecuentes (prostitución, amancebamiento, armas y juegos), producidos mayoritariamente dentro del casco urbano de la capital.